Existen trabajadores que han estado afectados por un ERTE que han cobrado cantidades que no les corresponden por error al tramitar su prestación. En estos casos tienen un plazo de 30 días para devolverla.

La avalancha de ertes originada tras la irrupción de la covid ha provocado que algunos de los trabajadores afectados hayan cobrado erróneamente sus prestaciones. Algunos han cobrado de menos y otros de más. Esto último puede provocar que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reclame al afectado las cantidades percibidas y que no debería haber cobrado. El término técnico para ello se conoce como «cobros indebidos».

¿Quién puede verse afectado por un cobro indebido?

La recepción de prestaciones por parte del SEPE que no son las correctas y que posteriormente pueden ser reclamadas, pueden producirse en diferentes situaciones. La más habitual es que sea el propio SEPE el que realice un cálculo erróneo de la base reguladora a la que tiene derecho el trabajador. Ese error se traduce en que el afectado puede cobrar de más o de menos.

Otro caso en el que un trabajador afectado por un erte puede recibir pagos indebidos es aquel en el que su erte haya finalizado o reducido el tiempo de jornada suspendido, pero la empresa no lo haya comunicado correctamente al SEPE y se siga produciendo el abono de la prestación.

¿Cómo saber si hay un error en los pagos?

Una vez el trabajador está afectado por un erte y es dado de alta en el SEPE para cobrar la prestación de paro, el organismo público le enviará una carta a su domicilio con los datos de su prestación. En esta carta, donde se le comunica al afectado que se le ha reconocido la prestación, se especifica el cálculo de la paga que recibirá. La cuantía de la base reguladora diaria debe coincidir con la que figura en la nómina del trabajador.

El SEPE puede ponerse en contacto, vía carta, con el trabajador en erte para notificarle que ha detectado un error en los pagos. En dicha comunicación, el organismo especificará cuales son las cantidades indebidamente cobradas por el trabajador y que este debe devolver. La detección de los errores por parte del SEPE no es inmediata y una persona que haya estado cobrando de más (o de menos) puede tardar incluso meses en recibir dicha comunicación.

El afectado también puede acutar proactivamente, es decir, si él mismo detecta el error y antes de que el SEPE se lo reclame. Para ello debe ponerse en contacto con el SEPE por los cauces ordinarios, como son el teléfono, el correo electrónico o la cita previa.

¿Qué hacer si el SEPE me pide devolver el dinero?

El SEPE notificará por carta al trabajador afectado si debe devolver el dinero y cuánto debe devolver. Esa misma comunicación deberá recibirla el afectado en el domicilio en el que figure empadronado o cuya dirección alternativa haya facilitado. Generalmente llegará por correo postal certificado con acuse de recibo. En la misma también se especificará el método de retorno de esos cobros indebidos.

El afectado tendrá un plazo de 30 días hábiles (lo que descuenta sábados, domingos y festivos nacionales) para efectuar la devolución según el procedimiento detallado por el SEPE en su carta. Si, por el contrario, el trabajador en erte considera que la Administración ha cometido un error y no está percibiendo unos pagos indebidos, el afectado tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar una reclamación. Dicha reclamación debe remitirse por correo ordinario a la dirección indicada en la carta de notificación del pago indebido, que será la de la dirección provincial pertinente del SEPE.

¿Qué pasa si no se devuelve el dinero pasados 30 días?

Un incumplimiento de los plazos de devolución de un cobro indebido es motivo de recargo por parte del SEPE. Este será del 20% del importe a devolver por parte del trabajador, que se sumará a la cuantía ya ‘adeudada’. Si el trabajador persiste en su impago, el SEPE podría proceder, con el permiso de Hacienda, a embargar el salario del afectado y cobrar de oficio las cantidades exigidas.

Una nueva sentencia abre la puerta a que la Seguridad Social pague pensiones a empleados por enfermedades anteriores al contrato

Una reciente sentencia de la Sala de lo Social del TS, aclara la jurisprudencia a aplicar en aquellos casos en que en el momento del alta en el sistema de protección de la Seguridad Social, ya se cuenta con alguna patología previa.

El fallo rechaza un recurso de Casación para la unificación de doctrina presentado por el INSS, el cual denegaba una prestación a una trabajadora, al considerar que tenía patologías prevías al alta en el sistema, las cuales según este Organismo, no habían empeorado. Sin embargo, en este caso donde se valoraba una situación de gran invalidez, el Tribunal, afirma que no se trata de si una enfermedad congénita permite o no acceder al grado de incapacidad permanente que corresponda, sino de fijar si el mero hecho de estar trabajando con un determinado cuadro de dolencias impide acceder a la invalidez aunque este no se haya alterado.

En este sentido, el Tribunal Supremo da la razón a los ciegos preexistentes, es decir, los que ya entraron ciegos a cotizar en el sistema, a los que, después, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) les niega una incapacidad laboral permanente por no existir agravamiento.

Tal y como recoge la magistrada ponente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, y que después ratifica el Supremo, “si la Seguridad Social admite que las personas con enfermedades previas coticen, ha de saber que cuando al trabajador le convenga según el período de cotización acumulado, reclamará el reconocimiento de la pensión a la que tiene derecho.»

La importancia de esta sentencia radica, explican, en que se abre las puertas a que trabajadores con dolencias preexistentes puedan reclamar, pasado el tiempo, una pensión por incapacidad laboral. El criterio vigente hasta el momento, es que las dolencias previas, necesitan de un cierto agravamiento para determinar la incapacidad.

En el caso visto por el Supremo, tanto el juzgado de lo social como el TSJ vasco consideraron que la mujer tenía derecho a la pensión por gran invalidez. Se determinó que, por las limitaciones que presentaba (nivel de agudeza visual inferior a una décima), requería de la asistencia de una tercera persona para la vida diaria. Todo ello sin perjuicio de que se hubiera adaptado a su secuela visual para poder desempeñar su trabajo como vendedora de cupones.

El INSS cuestionaba que pudiera acceder a una incapacidad laboral, además en ese grado, cuando, al menos desde 2007, ya presentaba las limitaciones evaluadas, sin que las mismas le hubieran impedido su actividad profesional ni requerido la ayuda de terceras personas

El TSJ del País Vasco desestima, en cambio, su recurso. Según afirman los magistrados, la mujer tiene derecho a la pensión por la merma de visión que, conforme a la jurisprudencia, le hace acreedora del reconocimiento de la gran invalidez. Con independencia del momento en que la solicite, concluyen. En su resolución, critican duramente a la Seguridad Social, que, como indican, ha sido conocedora en todo ese tiempo de la situación de la mujer, y ha continuado ingresando una elevada cotización por su actividad laboral.

Al final, lo importante es que un trabajador cotiza por una contingencia concreta y si un trabajador cotiza por unas contingencias, la Seguridad Social no puede después evitar el reconocimiento de las mismas, en todo caso, debería haberlas excluido deduciendo de las cotizaciones las destinadas a su cobertura, en este caso, la pensión por incapacidad laboral permanente. No es justo cobrar por algo que sabes de antemano que no vas a prestar.

Esta Sentencia, que se une a otras que trataban dicho problema, aclara definitivamente los casos de agravamiento, cerrando una puerta al INSS a la hora de denegar incapacidades de forma indiscriminada, tal y como vamos viendo de forma reiterada.

¿Cómo afectan los periodos no cotizados a la pensión de jubilación?

Los trabajadores del Régimen General pueden recurrir a la integración de estas lagunas, de manera que el impacto en la futura pensión sea menor.

El acceso a determinadas prestaciones de la Seguridad Social, está supeditando al cumplimiento de unos periodos mínimos de cotización, entre ellas las pensiones de incapacidad permanente y de jubilación.

En el caso específico de la jubilación, para conseguir una pensión por esta causa, es necesario el haber cotizado al menos 15 años durante la vida laboral, teniendo que estar al menos 2 de ellos dentro de los 15 últimos años.

Una vez cumplido este periodo mínimo de cotización, el siguiente aspecto a considerar es determinar como afectan las bases de cotización al importe de la pensión. Los periodos a tener en cuenta están en la actualidad en 23 años de cotización, llegando al 2022 a considerar los últimos 25 años de cotización. Puede ocurrir que en estos años a considerar, tengamos periodos en los que no ha existido obligación de cotizar, por lo que para calcular el importe de nuestra base reguladora tendremos que acudir a lo que llamamos, integración de lagunas, dentro del Régimen General de la Seguridad Social.

Esta opción permite computar los periodos no cotizados como cotizaciones ficticias para determinar la cuantía de la pensión. La norma permite que las primeras 48 mensualidades sin cotización se integren con la base mínima de todas las cotizaciones existentes hasta el momento. En caso de haya más de 48 mensualidades a integrar, a partir de la 49 se integran con el 50% de la base mínima anterior. 

Pese a que esta opción permite reducir el efecto negativo que tendría en la pensión el sumar las bases de cotización iguales a cero, hay que tener en cuenta que la cuantía también se verá reducida, aunque en menor proporción porque las bases que se integran son mínimas. Esto afecta especialmente a los trabajadores que tengan bases de cotización altas.

En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, se aplicará la regla de integración cuando la cuantía cotizada sea inferior a la base mínima que correspondería aplicar. Si así fuera se aplicaría la integración con la base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas cotizadas.

Por otra parte, la integración solo se realizará cuando no se haya cotizado porque el trabajador no tenía obligación de estar dado de alta en la Seguridad Social. Es decir, si durante un periodo no se abona la cuota a la SS por un incumplimiento del empleador, ya que es el responsable de pagar este importe, se aplican otras normas, pero en ningún caso se podrán integrar las lagunas. 

Sin embargo esta integración no se produce cuando estamos dentro del Régimen de Autónomos.