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la incapacidad temporal en tiempos de covid


En los tiempos que estamos viviendo, estamos viendo con demasiada frecuenta como se reciben alta médicas que no están justificadas en ningún momento manteniendose la incapacidad del trabajador para el desarrollo de su actividad profesional. Por ese motivo es bueno que recordemos la normativa relativa a las bajas laborales, sus plazos y sus posibilidades de reclamación.

Si tienes dudas, contactanos y procuraremos ayudarte.

Cuando hablamos de incapacidad temporal nos referimos a las siguiente situaciones protegidas por la Seguridad Social:

1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal:

a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.

b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

2. A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal que se señala en la letra a) del apartado anterior, y de su posible prórroga, se computarán los períodos de recaída y de observación.

Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.


Las competencias en materia de incapacidad temporal son las siguientes, dependiendo del plazo de duración de la misma

1. Hasta el cumplimiento del plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de los procesos de incapacidad temporal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ejercerá, a través de los inspectores médicos adscritos a dicha entidad, las mismas competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo servicio público de salud, para emitir un alta médica a todos los efectos, así como para considerar que existe recaída en un mismo proceso, cuando se produzcan las mismas circunstancias que se recogen en el último párrafo del apartado 2 del artículo anterior.

Cuando el alta haya sido expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, este será el único competente, a través de sus propios inspectores médicos, para emitir una nueva baja médica producida por la misma o similar patología en los ciento ochenta días siguientes a la citada alta médica.

2. Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días indicado en el apartado anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de ciento ochenta días más, o bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta médica, por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal producida, por la misma o similar patología, en los ciento ochenta días naturales posteriores a la citada alta médica.

En el supuesto de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social emita resolución por la que se acuerde el alta médica, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, cesará la colaboración obligatoria de las empresas en el pago de la prestación el día en que se dicte dicha resolución, abonándose directamente por la entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social el subsidio correspondiente durante el periodo que transcurra entre la fecha de la citada resolución y su notificación al interesado. Las empresas que colaboren en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal conforme a lo previsto en el artículo 102.1 a) o b), vendrán igualmente obligadas al pago directo del subsidio correspondiente al referido periodo.

Frente a la resolución por la cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social acuerde el alta médica conforme a lo indicado en los párrafos anteriores, el interesado podrá manifestar, en el plazo máximo de cuatro días naturales, su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud. Si esta discrepara del criterio de la entidad gestora tendrá la facultad de proponerle, en el plazo máximo de siete días naturales, la reconsideración de su decisión, especificando las razones y fundamento de su discrepancia.

Si la inspección médica se pronunciara confirmando la decisión de la entidad gestora o si no se produjera pronunciamiento alguno en los once días naturales siguientes a la fecha de la resolución, la mencionada alta médica adquirirá plenos efectos. Durante el período de tiempo transcurrido entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerará prorrogada la situación de incapacidad temporal.

Si, en el aludido plazo máximo de siete días naturales, la inspección médica hubiera manifestado su discrepancia con la resolución de la entidad gestora, esta se pronunciará expresamente en los siete días naturales siguientes, notificando al interesado la correspondiente resolución, que será también comunicada a la inspección médica. Si la entidad gestora, en función de la propuesta formulada, reconsiderara el alta médica, se reconocerá al interesado la prórroga de su situación de incapacidad temporal a todos los efectos. Si, por el contrario, la entidad gestora se reafirmara en su decisión, para lo cual aportará las pruebas complementarias que la fundamenten, solo se prorrogará la situación de incapacidad temporal hasta la fecha de la última resolución.

3. En el desarrollo reglamentario de este artículo, se regulará la forma de efectuar las comunicaciones previstas en el mismo, así como la obligación de poner en conocimiento de las empresas las decisiones que se adopten y que les afecten.

4. Asímismo, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimonovena de la Ley 40/2007, de 4 de Diciembre reglamentariamente se regulará el procedimiento administrativo de revisión, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y a instancia del interesado, de las altas que expidan las entidades colaboradoras en los procesos de incapacidad temporal.

5. Los procesos de impugnación de las altas médicas emitidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se regirán por lo establecido en los artículos 71 y 140 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Prestación económica.

La prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y se hará efectivo en los términos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Beneficiarios.

Serán beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal las personas incluidas en este Régimen General que se encuentren en cualquiera de las situaciones determinadas en el artículo 169, siempre que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, acrediten los siguientes períodos mínimos de cotización:

a) En caso de enfermedad común, ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante.

b) En caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización.

Nacimiento y duración del derecho al subsidio.

1. En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio se abonará desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja.

En caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el subsidio se abonará a partir del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el día cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive, el subsidio estará a cargo del empresario.

2. El subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad temporal, conforme a lo establecido en el artículo 169.

3. Durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador no tendrá derecho a la prestación económica por incapacidad temporal.

Extinción del derecho al subsidio.

1. El derecho al subsidio se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica; por alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual; por ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente; por el reconocimiento de la pensión de jubilación; por la incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias para los exámenes y reconocimientos establecidos por los médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la mutua colaboradora con la Seguridad Social; o por fallecimiento.

A efectos de determinar la duración del subsidio, se computarán los períodos de recaída en un mismo proceso.

Cuando, iniciado un expediente de incapacidad permanente antes de que hubieran transcurrido los quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración del subsidio de incapacidad temporal, se denegara el derecho a la prestación de incapacidad permanente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir, dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a la resolución denegatoria, una nueva baja médica por la misma o similar patología, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador. En estos casos se reanudará el proceso de incapacidad temporal hasta el cumplimiento de los quinientos cuarenta y cinco días, como máximo.

2. Cuando el derecho al subsidio se extinga por el transcurso del período de quinientos cuarenta y cinco días naturales fijado en el apartado anterior, se examinará necesariamente, en el plazo máximo de tres meses, el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el grado de incapacidad permanente que corresponda.

No obstante, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento médico por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del trabajador, con vistas a su reincorporación laboral, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la citada calificación, esta podrá retrasarse por el período preciso, sin que en ningún caso se puedan rebasar los setecientos treinta días naturales sumados los de incapacidad temporal y los de prolongación de sus efectos.

Durante los períodos previstos en este apartado, de tres meses y de demora de la calificación, no subsistirá la obligación de cotizar.

3. Extinguido el derecho a la prestación de incapacidad temporal por el transcurso del plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración, con o sin declaración de incapacidad permanente, solo podrá generarse derecho a la prestación económica de incapacidad temporal por la misma o similar patología, si media un período superior a ciento ochenta días naturales, a contar desde la resolución de la incapacidad permanente.

Este nuevo derecho se causará siempre que el trabajador reúna, en la fecha de la nueva baja médica, los requisitos exigidos para ser beneficiario del subsidio de incapacidad temporal derivado de enfermedad común o profesional, o de accidente, sea o no de trabajo. A estos efectos, para acreditar el período de cotización necesario para acceder al subsidio de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas a partir de la resolución de la incapacidad permanente.

No obstante, aun cuando se trate de la misma o similar patología y no hubiesen transcurrido ciento ochenta días naturales desde la denegación de la incapacidad permanente, podrá iniciarse un nuevo proceso de incapacidad temporal, por una sola vez, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador, considere que el trabajador puede recuperar su capacidad laboral. Para ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social acordará la baja a los exclusivos efectos de la prestación económica por incapacidad temporal.

4. El alta médica con propuesta de incapacidad permanente, expedida antes de que el proceso hubiera alcanzado los trescientos sesenta y cinco días de duración, extinguirá la situación de incapacidad temporal.

Si, al agotamiento del plazo de trescientos sesenta y cinco días, el Instituto Nacional de la Seguridad Social acordase la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, la situación de incapacidad temporal se extinguirá en la fecha de cumplimiento del indicado plazo. Cuando, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 170.2, el Instituto Nacional de la Seguridad Social hubiese acordado la prórroga expresa de la situación de incapacidad temporal, y durante la misma iniciase un expediente de incapacidad permanente, la situación de incapacidad temporal se extinguirá en la fecha de la resolución por la que se acuerde dicha iniciación.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando la extinción se produjera por alta médica con propuesta de incapacidad permanente, por acuerdo del Instituto Nacional de la Seguridad Social de iniciación de expediente de incapacidad permanente, o por el transcurso de los quinientos cuarenta y cinco días naturales, el trabajador estará en la situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal hasta que se califique la incapacidad permanente.

En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, los efectos de la prestación económica de incapacidad permanente coincidirán con la fecha de la resolución de la entidad gestora por la que se reconozca, salvo que la misma sea superior a la que venía percibiendo el trabajador en concepto de prolongación de los efectos de la incapacidad temporal, en cuyo caso se retrotraerán aquellos efectos al día siguiente al de extinción de la incapacidad temporal.

En el supuesto de extinción de la incapacidad temporal, anterior al agotamiento de los quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración de la misma, sin que exista ulterior declaración de incapacidad permanente, subsistirá la obligación de cotizar mientras no se extinga la relación laboral o hasta la extinción del citado plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales, de producirse con posterioridad dicha declaración de inexistencia de incapacidad permanente.

Pérdida o suspensión del derecho al subsidio.

1. El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido:

a) Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación.

b) Cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena.

2. También podrá ser suspendido el derecho al subsidio cuando, sin causa razonable, el beneficiario rechace o abandone el tratamiento que le fuere indicado.

3. La incomparecencia del beneficiario a cualquiera de las convocatorias realizadas por los médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para examen y reconocimiento médico producirá la suspensión cautelar del derecho, al objeto de comprobar si aquella fue o no justificada. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de suspensión del derecho y sus efectos.

Periodos de observación y obligaciones especiales en caso de enfermedad profesional.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1.b), se considerará como período de observación el tiempo necesario para el estudio médico de la enfermedad profesional cuando haya necesidad de aplazar el diagnóstico definitivo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las obligaciones establecidas, o que puedan establecerse en lo sucesivo, a cargo de este Régimen General o de los empresarios, cuando por causa de enfermedad profesional se acuerde respecto de un trabajador el traslado de puesto de trabajo, su baja en la empresa u otras medidas análogas.

lOS AUTONOMOS EXCLUIDOS DE LOS NUEVOS ERTE PUEDEN SOLICITAR SER INCLUIDOS

DEMOSTRANDO QUE DEPENDEN DE ALGÚN SECTOR AFECTADO

La última negociación sobre ERTES ha llevado a exterder los mimos a una lista de 42 actividades. Pero aquellos que se encuentren afectados y no esté su actividad incluida puede solicitarlo hasta el 19 de octubre, demostrando que dependen de algunos de los sectores incluidos para obtener ingresos y mantener su actividad.

Tras una larga negociación, Gobierno, sindicatos y patronal, han acordado alargar los ERTES y sus bonificaciones hasta el 31 de enero de 2021. En esta negociación se han incluido tres nuevas modalidades de ERTES para intentar proteger a todas las empresas.

La protección se hace con tres tipos de ERTE, de los que dos modalides son nuevas, para proteger a autónomos empleadores que tengan que cerrar su negocio por medidas impuestas por la administración, o bien ean limitada su actividad. Estos son los ERTE de impedimento y los ERTE de limitación.

Sin embargo, hay un tercer supuesto en el que, para acogerse, las actividades no tienen que verse ni impedidas ni limitadas directamente por las restricciones de la Administración. Se trata del ERTE por fuerza mayor, con bonificaciones de hasta el 85% de las cotizaciones de los empleados, que se puso en marcha en el pasado mes de marzo y que se volvió a extender hasta enero. Aunque, esta vez, sólo acogerá a una lista de 42 actividades afectadas que fue publicada por el Gobierno en el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre.

Estarán incluidas en los ERTE por fuerza mayor todas estas actividades y también los negocios que demuestren formar parte de su cadena de valor o que dependan indirectamente de una o varias empresas de alguno de estos 42 CNAEs. También podrán solicitarlo aquellos autónomos que demuestren que su actividad depende de cualquiera de estas actividades.

  • Extracción de minerales de hierro
  • Fabricación de explosivos
  • Edición de periódicos
  • Producción de metales preciosos
  • Actividades de los operadores turísticos
  • Actividades de las agencias de viajes
  • Transporte aéreo de pasajeros
  • Reproducción de soportes grabados
  • Transporte espacial
  • Comercio al por mayor de cueros y pieles
  • Alquiler de medios de transporte aéreo
  • Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
  • Gestión de salas de espectáculos
  • Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
  • Actividades auxiliares a las artes escénicas
  • Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
  • Fabricación de instrumentos musicales
  • Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares
  • Organización de convenciones y ferias de muestras
  • Alquiler de cintas de vídeo y discos
  • Hoteles y alojamientos similares
  • Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial
  • Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
  • Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
  • Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p
  • Transporte de pasajeros por vías navegables interiores
  • Otras actividades de impresión y artes gráficas
  • Artes escénicas
  • Actividades de exhibición cinematográfica
  • Fabricación de alfombras y moquetas
  • Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
  • Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

El plazo que estableció el Real Decreto para que cualquier negocio demuestre ser dependiente o integrante de la cadena de valor de alguna de las 42 actividades arrancó el pasado lunes 5 de octubre y se extenderá tan sólo hasta el próximo 19 de octubre. Los autónomos tienen hasta esa fecha para ver si, al menos, la mitad de su facturación depende de una empresa de alguno de los siguientes epígrafes y, si es así, recabar toda la documentación que lo demuestre y enviarla a la autoridad laboral. 

Listado de actividades incluidas en el ERTE por fuerza mayor

Para que un negocio sea declarado parte integrante de la cadena de valor de una o varias de las 42 empresas o que se considere que depende indirectamente de ellas, «los autónomos empleadores tendrán que demostrar que han facturado, como mínimo, el 50% de sus ventas con empresas que estén relacionadas en este listado».

Sin embargo, para acceder sin estar incluido en el listado, primero habrá que enviar a la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma correspondiente toda la documentación que justifique que, realmente, la actividad de este negocio depende de uno de los sectores afectados. Esto se hace «realizando una memoria explicativa y justificativa de que se dan todos y cada uno de los requisitos de la vinculación, adjuntando toda la documentación que justifique dicha facturación. También hay que comunicar a los trabajadores que vayan a estar afectados que se pretende acceder al expediente».

La autoridad laboral deberá emitir un informe en el plazo de 5 días indicando si se dan -o no- los requisitos de facturación o de operaciones directas o indirectas que declara el negocio solicitante. 

COMO DEBE SOLICITAR UNA BAJA LABORAL POR COVID-19 UN AUTÓNOMO

Es evidente que nos encontramos ante una segunda ola, en lo que a contagios por COVID-19 se refiere, tal y como ha reconocido el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Así junto a Madrid, son otras tambien las Comunidades Autónomas que están sufriendo rebrotes por encima de las cifras deseadas.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Ministerio de Sanidad, en estos momentos estaríamos por encima de los 10.000 contagios diarios. Con estos datos es importante conocer los cauces a seguir en caso de infección, especialmente para trabajadores por cuenta propia.

El contagio por coronavirus se sigue considerando Accidente de Trabajo

Esto quiere decir que los autónomos que se contagien por coronavirus o tengan que aislarse socialmente tienen que solicitar la baja de trabajo por Accidente Laboral. Se trata de una condición que es ventajosa para el trabajador por cuenta propia ya que pasarán a cobrar el 75% de su base de cotización, mientras que si hubiese sido enfermedad común sólo cobrarían el 65%. En el caso de autónomos que cotizan por la base mínima estamos ante una diferencia de casi 100 euros.

Pasos a seguir por el autónomo en caso de contagio

Los trabajadores autónomos tienen que seguir una serie de pasos cuando crean o sepan que se pueden encontrar en una situación de contagio:

  1. Lo principal, y ante cualquier caso de sospecha tanto del autónomo, como de su entorno familiar o laboral, por la Covid-19, es seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad o del Servicio de Salud Pública que tenga cada Comunidad Autónoma. Éstas han creado un número de atención específico para atender a los ciudadanos.
  2. En los casos en los que el autónomo sea positivo en coronavirus será el médico del servicio público de salud el encargado de emitir tanto el parte de baja, como el de alta en todos los casos por enfermedad común.
  3. La covid-19 se cataloga como enfermedad común pero está asimilada a la Incapacidad Temporal por accidente de trabajo, a través de la cual se cobra el 75% de la base de cotización del mes anterior.
  4. Para ello, el autónomo debe solicitar el pago directo de la prestación de I.T. ante su Mutua de Accidentes.

CONSULTAS AL SEPE MEDIANTE TELÉFONO GRATUITO

El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE cuenta con un número de teléfono gratuito para consultar tus dudas sobre prestaciones por desempleo, subsidios o preguntas de trabajadores en ERTE. El número gratis al que llamar para resolver dudas en el SEPE es el 900 81 24 00.

Aunque el SEPE mantiene el número de teléfono para consultar prestaciones 901 11 99 99 te aconsejamos que no llames ahí, porque el otro número de teléfono del SEPE que te mostramos es gratuito.

Si quieres puedes usar este número de teléfono gratis del SEPE para pedir cita previa, aunque también la puedes pedir online.

¿A qué número de teléfono puedo llamar para atención al ciudadano SEPE?

Ten en cuenta que debes llamar a este número de atención al ciudadano del SEPE en horario de 9:00 a 14:00 horas, y que un funcionario te atenderá para resolver tus dudas sobre prestaciones, subsidios o prestación por desempleo para trabajador en ERTE.

Recuerda que, si no quieres pagar más de la cuenta por la llamada, debes emplear el número de teléfono gratuito del SEPE o los teléfonos provinciales.

ayudas a desempleados con cargas familiares

En determinadas ocasiones, una vez terminado el subsidio de desempleo, si se tienen cargas familiares, existen determinadas ayudas a las que podemos tener acceso. Por ejemplo al subsidio de desempleo con cargas familiares.

Se trata de un subsidio de 430 euros que se concede a aquellas personas que tienen cargas familiares, encontrándose en una situación de desempleo. Como cargas familiares, junto a los hijos a cargo tambien se tienen en cuenta personas dependientes a nuestro cargo que son incapaces de valerse por si mismo.

Esta ayuda se puede cobrar cuando se termina el desempleo o tratarse como un subsidio a cobrar cuando se cumplen los requisitos para tener acceso a la prestación por desempleo, pero no se ha cotizado el tiempo suficiente.

Cómo solicitar el subsidio por desempleo con cargas familiares

Si no se cobra el desempleo, pero se tienen cargas familiares, se a de acudir a la oficina del SEPE en la que nos atenderán y valoraran si podemos tener acceso a esta ayuda.

Este subsidio tiene una serie de requisitos, siendo el primero haber agotado una prestación por desempleo con responsabilidades familiares.

Seguidamente detallamos los requisitos necesarios para pedir la ayuda familiar:

  • Haber consumido la prestación por desempleo
  • Estar dado de alta como demandante de empleo y haber realizado a tiempo las correspondientes renovaciones trimestrales.
  • Contar con responsabilidades familiares. Se trata principalmente de conyuge, hijos menores de 26 años y hijos incapacitados a cargo
  • No tener una renta superior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

La prestación se puede solicitar despues de esperar un mes desde que se terimine nuestra prestación por desempleo. Pasado este mes tenemos 15 días para solicitarlos presentando la documentación que nos requieran.

La cantidad a percibir es de 430 euros, con salvedades en determinados casos, como el venir de un contrato a tiempo parcial

Cobrar la ayuda familiar sin tiempo de cotización

En ocasiones nos ocurre que no hemos cotizado el tiempo suficiente para tener acceso a prestaciones de desempleo y debemos explorar otras vías para llegar a percibir algún tipo de ayuda. Este puede ser el caso del subsidio por falta de cotización.

El SEPE presenta un calendario de fechas interesante para saber si tienes derecho a cobrar esta prestación por desempleo con cargas familiares. Puedes consultar estas fechas para saber si cumples alguno de los requisitos que plantean:

Así, si has cotizado 3,4, o 5 meses puedes cobrar ese mismo tiempo el subsidio por cargas familiares. Si has cotizado más de 6 meses, pero sin llegar a 12 puedes cobrarlo durante 6 meses.

En la página web del SEPE, podrás encontrar la documentación necesaria para poder solicitar los diferentes subsidios, así como la forma de presentarlo en este momento en que las oficinas de este Organismo no están trabajando al 100% por culpa del COVID-19

RETROACTIVIDAD SOLICITUD RENTA MÍNIMA

Las solicitudes que se realicen hasta el 31 de diciembre cobrarán desde el 1 de junio. Inicialmente el periodo de retroactividad solo llegaba al 15 de septiembre.

Dada la lentitud con la que se están tramitando los expedientes relativos a la Renta Mínima, lentitud que se ha visto incrementada en el mes de Agosto y el escaso número de hogares a los que ha llegado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido alargar hasta el 1 de junio los efectos retroactivos económicos de todas las solicitudes que se presenten hasta el 31 de diciembre. Inicialmente tan solo iban a tener efecto retroactivo las solicitudes presentadas hasta el 31 de septiembre.

De igual forma, el Ministerio ha informado que se ampliará el plazo del silencio administrativo para estas solicitudes, de tal forma que no queden denegadas automáticamente por el paso de tres meses en el qeu decaen las solicitudes.

Una tercera medida anunciada por el Gobierno para agilizar la tramitación del ingreso mínimo vital pasa por que si bien ahora se exige estar apuntado en los servicios públicos de empleo (SEPE) antes de pedir la prestación, este requisito se va a modificar para que su cumplimiento sea obligatorio a posteriori.

Con estas medidas, el Ministro espera que el ingreso mínimo vital llegue a más de 150.000 hogares en las próximas semanas, por lo que el total de hogares que estarían disfrutando de esta ayuda sería en total de 450.000, cercano al objetivo de los 800.000 previstos.

A mediados de agosto, se habían otorgado unas 80.000 ayudas, 74.000 de las cuales, de oficio (a beneficiarios de la prestación por menor a cargo, que se ve sustituida por la renta mínima). Hasta entonces, se habían presentado 750.000 solicitudes, de las que se habían tramitado 40.000. Desde esas fechas, ha crecido el reconocimiento de ayudas, hasta los 85.000 hogares que ya las están percibiendo, aunque el número de expedientes en tramitación ha ascendido hasta los 900.000.

Además hay que tener en cuenta que ante la imposibilidad de poder tramitar todas las solicitudes recibidas en el tiempo previsto por la ley de tres meses, para no considerar la prestación denegada por silencio administrativo, el Ministerio ha decidido en el caso de la Renta Mínima Vital, ampliar este plazo durante tres meses más. Por tal motivo las denegaciones presuntas por silencio administrativo no llegarán hasta el mes de diciembre

devouciones al sepe de dinero cobrado de más

SEPE Servicio Público de Empleo Estatal – España

Existen trabajadores que han estado afectados por un ERTE que han cobrado cantidades que no les corresponden por error al tramitar su prestación. En estos casos tienen un plazo de 30 días para devolverla.

La avalancha de ertes originada tras la irrupción de la covid ha provocado que algunos de los trabajadores afectados hayan cobrado erróneamente sus prestaciones. Algunos han cobrado de menos y otros de más. Esto último puede provocar que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reclame al afectado las cantidades percibidas y que no debería haber cobrado. El término técnico para ello se conoce como «cobros indebidos».

¿Quién puede verse afectado por un cobro indebido?

La recepción de prestaciones por parte del SEPE que no son las correctas y que posteriormente pueden ser reclamadas, pueden producirse en diferentes situaciones. La más habitual es que sea el propio SEPE el que realice un cálculo erróneo de la base reguladora a la que tiene derecho el trabajador. Ese error se traduce en que el afectado puede cobrar de más o de menos.

Otro caso en el que un trabajador afectado por un erte puede recibir pagos indebidos es aquel en el que su erte haya finalizado o reducido el tiempo de jornada suspendido, pero la empresa no lo haya comunicado correctamente al SEPE y se siga produciendo el abono de la prestación.

¿Cómo saber si hay un error en los pagos?

Una vez el trabajador está afectado por un erte y es dado de alta en el SEPE para cobrar la prestación de paro, el organismo público le enviará una carta a su domicilio con los datos de su prestación. En esta carta, donde se le comunica al afectado que se le ha reconocido la prestación, se especifica el cálculo de la paga que recibirá. La cuantía de la base reguladora diaria debe coincidir con la que figura en la nómina del trabajador.

El SEPE puede ponerse en contacto, vía carta, con el trabajador en erte para notificarle que ha detectado un error en los pagos. En dicha comunicación, el organismo especificará cuales son las cantidades indebidamente cobradas por el trabajador y que este debe devolver. La detección de los errores por parte del SEPE no es inmediata y una persona que haya estado cobrando de más (o de menos) puede tardar incluso meses en recibir dicha comunicación.

El afectado también puede acutar proactivamente, es decir, si él mismo detecta el error y antes de que el SEPE se lo reclame. Para ello debe ponerse en contacto con el SEPE por los cauces ordinarios, como son el teléfono, el correo electrónico o la cita previa.

¿Qué hacer si el SEPE me pide devolver el dinero?

El SEPE notificará por carta al trabajador afectado si debe devolver el dinero y cuánto debe devolver. Esa misma comunicación deberá recibirla el afectado en el domicilio en el que figure empadronado o cuya dirección alternativa haya facilitado. Generalmente llegará por correo postal certificado con acuse de recibo. En la misma también se especificará el método de retorno de esos cobros indebidos.

El afectado tendrá un plazo de 30 días hábiles (lo que descuenta sábados, domingos y festivos nacionales) para efectuar la devolución según el procedimiento detallado por el SEPE en su carta. Si, por el contrario, el trabajador en erte considera que la Administración ha cometido un error y no está percibiendo unos pagos indebidos, el afectado tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar una reclamación. Dicha reclamación debe remitirse por correo ordinario a la dirección indicada en la carta de notificación del pago indebido, que será la de la dirección provincial pertinente del SEPE.

¿Qué pasa si no se devuelve el dinero pasados 30 días?

Un incumplimiento de los plazos de devolución de un cobro indebido es motivo de recargo por parte del SEPE. Este será del 20% del importe a devolver por parte del trabajador, que se sumará a la cuantía ya ‘adeudada’. Si el trabajador persiste en su impago, el SEPE podría proceder, con el permiso de Hacienda, a embargar el salario del afectado y cobrar de oficio las cantidades exigidas.

ACCIDENTES DE TRÁFICO Y ABOGADOS DE COMPAÑIAS.

Os copiamos artículo interesante que hemos encontrado en la publicación diariojuridico.com. Entendemos que es interesante, pues sabemos que una de las causas que se barajan como desencadenante de la Fibromialgia, son los accidentes de tráfico. Igualmente, aunque está poco menos estudiado, también se observa una mayor predisposición a tener accidentes en los afectados por esta enfermedad.

Por nuestra parte también podemos ayudaros en estos tipos de procedimientos, en el caso de que se os produzca algún tipo de lesión en un accidente de tráfico.

Las Asociaciones de afectados por accidentes de tráfico recomiendan evitar al llamado “Abogado de compañía” para reclamar tu indemnización

Con la llegada del verano, y con las temidas vacaciones post-Covid, la preocupación de las autoridades va en aumento debido al incremento de la densidad de los siniestros durante el periodo vacacional. Mientras que los desplazamientos se han reducido un 11% respecto al 2019, en contra de lo que se esperaba, las víctimas en accidentes de tráfico sólo han bajado en un 5%, lo que indica que ha habido más accidentes en proporción al número de desplazamientos.

Esto va a suponer, como cada año, un incremento de las reclamaciones de indemnizaciones a la vuelta de las vacaciones contra las compañías aseguradoras, que año a año ven como repuntan las reclamaciones en los meses de septiembre y octubre.

La reclamación de muchas de estas indemnizaciones va a recaer en manos de los mal llamados “abogados de la compañía”, sin que las victimas o lesionados sean conscientes de los peligros que esta representación comporta en defensa de sus derechos. Y decimos mal llamados, en cuanto a que realmente no son abogados de la propia compañía, sino abogados subcontratados por las compañías, cuya misión es despachar el mayor número de casos en el menor tiempo posible. Ya que sus minutas son fijas, por lo que cobran de la compañía el mismo importe por defender un lesionado con una simple cervicalgia, que un lesionado con lesiones y secuelas gravosas al que sin duda le cambiará la vida.

Es por este motivo, que la Asociación Española de Abogados de Responsabilidad Civil, señala los puntos más destacados que cualquier víctima defendida por los mal llamados “abogados de compañía” deberían conocer:

  1. No son abogados propios, son abogados subcontratados por las compañías.
  2. Están sujetos a las reglas internas de las grandes compañías aseguradoras, por lo que la indemnización recibida acostumbra a ser baja (entorno al 30% de lo que cobraría con un abogado especialista). Además, siempre intentan convencer a sus clientes con artimañas para que acepten la primera o segunda oferta que reciben.
  3. Ocultan información vital, ya que no informan a sus clientes de que su seguro les cubre la defensa jurídica, por lo que pueden ejercer su derecho a designar libremente al abogado que deseen, cubriendo la compañía con la minuta de dicho abogado.
  4. Trabajan a volumen, por lo que no existe un seguimiento individualizado a las necesidades del lesionado.
  5. Trabajan con cupos limitados, su objetivo es cerrar asuntos cuanto antes, para que entren asuntos nuevos. Ya que si se demoran en cerrar expedientes, la compañía para la que trabajan no le dará expedientes nuevos, y por lo tanto no facturarán. Eso conlleva poca calidad de servicio y una pobre indemnización.
  6. Conformistas, como cobran un importe fijo por expediente, les es indiferente el importe de la indemnización, a diferencia del abogado independiente que va a comisión.
  7. Sus clientes son las compañías, no los lesionados. Ya que cobran un precio fijo por lesionado, les interesa contentar a la compañía para la que trabajan y que le manden más clientes.

Por fortuna para el lesionado, la Ley del Contrato de Seguro ya prevé que cualquier accidentado tenga la libertad absoluta para designar al abogado que quiera, para que le represente en la reclamación de su indemnización. Por lo que la opción de acudir a bufetes de abogados especialistas en accidentes de tráfico, es siempre la mejor de las opciones para abordar una reclamación en este tipo de siniestros con todas las garantías.

ISSA, EL NUEVO ASISTENTE VIRTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FACILITAR TRÁMITES

En Revista Seguridad Social, podemos encontrar esta noticia. Se trata de una publicación dependiente de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social. Es una buena noticia que puede ayudar a descongestionar las oficinas de la Seguridad Social, colapsadas al día de hoy, por lo que hay que recibirlo con alegría. Pero que nadie espere que le de información personalizada, al menos de momento, pues nos informa de asuntos generales. Pero menos es nada

Posiblemente habrá utilizado algún asistente por voz para preguntar qué tiempo hará, programar una reunión en su agenda o reproducir música, entre otras muchas tareas. Son aplicaciones tecnológicas que utilizan la inteligencia artificial y el lenguaje natural para ayudarnos en nuestro día a día.

Siguiendo esta tendencia, la Seguridad Social ha puesto a disposición de los ciudadanos a ISSA (Inteligencia Artificial+Seguridad Social) su propio asistente virtual para proporcionar información útil y orientar a los ciudadanos sobre los servicios más demandados de la Seguridad Social.

Este servicio “chatbot” está accesible desde la portada de la Web de la Seguridad Social y desde la sede electrónica pinchando sobre una ventana flotante con el texto “Hola, soy ISSA. ¿En qué puedo ayudarte?” en el margen inferior derecho de la pantalla por lo que, a diferencia de los utilizados por las grandes empresas tecnológicas, la interacción será por escrito en lugar de utilizando la voz.

Se trata de un nuevo canal, disponible a cualquier hora los 365 días del año, que se suma a los ya habituales. El asistente cuenta con un apartado específico con información sobre el recién aprobado Ingreso Mínimo Vital, que se podrá solicitar a partir del próximo 15 de junio, donde encontrará respuesta a cuestiones como los requisitos, la documentación, el proceso de solicitud o la cuantía.

Desde esta ventana podrá preguntar, entre otras muchas cosas, cómo solicitar la pensión de jubilación o cualquiera de las prestaciones del Sistema como la de nacimiento y cuidado del menor; qué requisitos tiene que cumplir para acceder a las mismas; cómo pedir su vida laboral, darse de alta como autónomo, tramitar el alta de una empleada de hogar, etc.

Este asistente permite mantener conversaciones y ofrecer respuestas con información oficial y de confianza en materia de Seguridad SocialLos ciudadanos tan solo deben formular sus consultas utilizando sus propias palabras, obteniendo respuestas de forma automática siguiendo este esquema:

  • interacción mediante lenguaje natural (escrito en castellano)
  • identificación del servicio que necesita el ciudadano
  • propuesta de respuestas “cerradas” mediante botones que facilitan el flujo de la conversación y la navegación una vez se ha identificado el servicio que quiere
  • propuesta de información general del servicio, de forma sencilla y comprensible
  • exposición de las características generales, requisitos, documentación, y redirección a la Sede Electrónica en caso de querer solicitarlo para realizar trámites

Es decir, desde este nuevo canal el ciudadano podrá acceder a toda la información relevante en materia de Seguridad Social, trámites administrativos, solicitud de prestaciones y demás cuestiones relacionadas con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Mejora constante

En la actualidad, es de los pocos asistentes de este tipo que existe en el ámbito de las administraciones públicas en nuestro país (hay iniciativas parecidas en la Agencia Tributaria y la inaugurada recientemente para informar sobre la COVID-19 del Ministerio de Sanidad) y destaca no sólo por ser de las primeras iniciativas similares, sino por abarcar toda la heterogénea naturaleza de servicios y prestaciones que engloba una de las mayores administraciones del país.

Además, esta plataforma incorpora técnicas de Inteligencia Artificial y de aprendizaje automático que permitirán la mejora continua del asistente para adaptarse a las necesidades y preguntas de los ciudadanos. Se trata de una especie de entrenamiento constante que permite al asistente introducir contenidos y nuevas materias de forma acelerada (nuevas prestaciones, modificación de las existentes, nuevos canales de acceso a las mismas por parte de los ciudadanos) respondiendo de forma muy ágil a situaciones de cambio.

PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS- COMPATIBILIDAD CON OTRAS PRESTACIONES

Las prestaciones no contributivas, son aquellas en las que no se reúne el requisito de los periodos mínimos de cotización exigidos para tener acceso a prestaciones contributivas, o bien no se está en una situación jurídica que dé derecho a las mismas.

Tenemos esencialmente aquellas que cobran las personas mayores de 65 años que no tienen cotizaciones suficientes para poder optar a una jubilación contributiva, y la de aquellas personas entre 18 y 65 años que tienen acceso a prestaciones por incapacidad. En ambos casos se requiere la carencia de recursos, para lo cual se valoran los ingresos conjuntos de la unidad familiar.

Por norma general, las prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación son compatibles con las rentas del trabajo en ciertos casos, pero no lo son con prestaciones asistenciales y con la prestación con hijos a cargo. La pensión no contributiva de invalidez sí es compatible con el Ingreso Mínimo Vital, siempre que no se superen los límites establecidos.

Compatible con la actividad laboral

La pensión no contributiva por incapacidad es compatible con una actividad laboral por cuenta ajena que pueda ejercer de acuerdo a su estado de discapacidad. En este caso, la dificultad para acceder al beneficio tendrá relación con la limitación de rentas, dado que se sumarán las obtenidas por su labor, así como para la obtención del porcentaje de discapacidad del 65% requerido.

En cualquier caso, si son contratados por cuenta ajena, se establecen por cuenta propia o se acogen a la renta de reinserción para desempleados mayores de 45 años y dejan esas actividades, pueden recuperar ese derecho siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos exigidos. Se trata de supuestos de suspensión, no de extinción. Sin embargo, cuando incumplan alguno de los requisitos exigidos o el beneficiario se traslade fuera de España durante más de 90 días sin causa, la pensión se extinguirá.

¿Qué sucede con otras pensiones?

Por lo que respecta al nuevo Ingreso Mínimo Vital, este es incompatible con la pensión no contributiva por jubilación por la edad de una y otra, puesto que, para acceder al Ingreso Mínimo Vital, no se deben haber cumplido los 65 años, una edad que es necesaria haber alcanzado para percibir la pensión por jubilación.

Respecto a la pensión por invalidez, sí es compatible con el Ingreso Mínimo Vital. La pensión tiene una cuantía máxima en 2020 de 395,60 euros, por lo que podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital para percibir los 66,40 euros que restan hasta llegar a la cantidad de la renta garantizada de 462 euros para un adulto solo.